Propiedad social y plan de imposición socialista (I)



- Luis Homes Jiménez / Abogado

Quien haya estudiado con interés y seriedad el chavismo podrá reconocer que el proceso revolucionario ha transitado por tres etapas desde el punto de vista económico. En el período 1999-2000 se conoció un programa económico de transición que proponía el impulso a la actividad privada y el respaldo a las cadenas productivas. La segunda etapa se inicia en el 2001-2007 (Plan de la Nación), que pretende la inversión pública en los sectores estratégicos; y la tercera etapa (2007-2013), que es la imposición del socialismo por intermedio del Plan Simón Bolívar.

Llegamos a esta etapa sin inversión pública en sectores estratégicos y una larga cadena de expropiaciones en vulneración de los elementales principios de respeto al derecho de propiedad y al estado de derecho. Se han expropiado o nacionalizado haciendas productivas, cementeras, empresas de servicio (CANTV, Electricidad de Caracas), se compra forzosamente el Banco de Venezuela, se toma por asalto a las empresas contratistas de la industria petrolera y se prepara el asalto a la industria del asfalto. Y ahora, sencillamente nos tocará el turno a todos, absolutamente a todos los ciudadanos propietarios, como usted y como yo.

En efecto, la Comisión de Participación Ciudadana de la AN prepara un proyecto de ley de Propiedad Social que tiene como objeto “establecer, fomentar y regular la propiedad social sobre los medios de producción que así sean declarados por el Ejecutivo nacional”. Se entiende por “medios de producción” todos los elementos que participen en el proceso productivo, a excepción del trabajo. De manera que pueden ser declarados de propiedad social los terrenos, inmuebles, equipos, edificaciones y materias primas. Esta propiedad social sería “la base para el impulso de [un] modelo socio productivo nacional y la construcción colectiva y solidaria de la economía socialista”.

De aprobarse el proyecto, a cualquiera de nosotros, hoy propietarios sin adjetivos, nos pueden despojar de nuestros bienes y declararlos de propiedad social si tales bienes no están destinados a satisfacer las necesidades de la población o su uso no se corresponda con el modelo socialista. Claro, obviamente, como en todo Gobierno serio, nos pagarían una justa indemnización como ha ocurrido con todos los expropiados hasta el momento. Continuará.




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