Corrupción petrolera



El diario El Nuevo Herald revela parte del proceso de investigación a tres firmas petroleras de EEUU por pagar sobornos para obtener o prolongar contratos con Pdvsa

Tres firmas estadounidenses que operan en el sector petrolero en Venezuela han sido investigadas y multadas, o se encuentran bajo investigación del Departamento de Justicia y la Comisión de Valores e Intercambios de Estados Unidos (SEC), por pagar sobornos para obtener o prolongar contratos con entidades públicas venezolanas.

Una de ellas, Pride International Inc., podría verse obligada a pagar más de $50 millones en multas si prospera una demanda en curso en una corte federal de Texas.

La práctica de exigir y aceptar sobornos parece estar extendida en el sector petrolero venezolano, aseguraron a El Nuevo Herald ex funcionarios de la estatal Petróleos de Venezuela, S.A.



"Antes se asignaban los contratos por medio de la Ley de Licitaciones, pero desde el 2003 en adelante comenzaron a adjudicarse los contratos a dedo, y esto hace que las empresas que quieren ganar contratos tienen que pagar un peaje'', afirmó Juan Fernández, ex alto funcionario de Pdvsa exiliado en Miami.

Además de los sobornos, comentó Fernández, luego deben entregar del 15 al 20 por ciento del pago por los trabajos realizados. "A muchas empresas no les queda más remedio que aceptar esa especie de chantaje'', agregó.

El pago de comisiones o sobornos a funcionarios de gobiernos extranjeros viola la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Además de a Pride International Inc., con sede en Houston, una de las mayores firmas de perforación del mundo, el escándalo involucra a Helmerich & Payne, de Tulsa, Oklahoma, también una compañía de perforación.

Una tercera empresa perforadora, Team Industrial Services, de Alvin, Texas, concluyó una investigación interna a fines del 2009 sobre posibles violaciones a la FCPA en sus operaciones de Venezuela, luego de que se reportaran infracciones a esta ley en sus operaciones en la isla de Trinidad.

En una demanda introducida el 11 de diciembre del 2009 en la corte federal del Distrito Norte de Texas contra Bobby Benton, vicepresidente para el Hemisferio Occidental de Pride International, la SEC estableció que la firma pagó más de $380,000 en sobornos a un intermediario que representaba a un funcionario de la estatal Petróleos de Venezuela, para extender contratos de perforación de pozos petroleros. Ninguna de estas dos personas ha sido identificada.

Según la demanda, empleados de Pride International supervisados por Benton autorizaron el pago de $180,000 entre febrero del 2003 y mayo del 2004 al intermediario, para extender un contrato de perforación.

Adicionalmente, Pride International pagó $12,000 por cada mes que el contrato era extendido. En total, entregó $384,000 a los intermediarios, a través de la subsidiaria Pride Foramer de Venezuela, que fueron a una cuenta bancaria ubicada en Miami, indicaron los documentos de la corte.

De acuerdo con la demanda de la SEC, Benton modificó la redacción de informes internos para ocultar el pago de sobornos en Venezuela. También se le responsabiliza por el pago de $25,000 a funcionarios de aduana en México, en una investigación aparte. "El caso se encuentra actualmente en litigación'', afirmó a El Nuevo Herald Jason Rose, funcionario de la SEC en Houston que encabeza la demanda contra Benton.

La SEC intenta imponer una multa en el orden de los millones de dólares y un acuerdo ‘‘en el futuro cercano'', aseguró una fuente familiarizada con el caso. De hecho, en su más reciente informe anual a mediados de este mes, el presidente de Pride International, Louis Raspino, informó a sus accionistas que reservó un total de $56 millones para cubrir la multa que impondrán la SEC y el Departamento de Justicia por los casos de pago de sobornos.

"Los resultados en el 2009 incluyeron el impacto de un monto acumulado de $56 millones relacionado con la posible resolución de potenciales responsabilidades legales bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero con el Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Valores e Intercambio de Estados Unidos (SEC)'', indicó Raspino en una misiva distribuida el 11 de abril.

Raspino también dijo que a pesar de que están cooperando ampliamente con ambas agencias, no pueden "predecir el momento o los términos de un acuerdo final''.

Los abogados Reid Weingarten y Jeffrey McFadden, de la firma Steptoe & Johnson, de Washington, D.C., que representan a Benton, no respondieron varias llamadas y un cuestionario enviado por El Nuevo Herald por correo electrónico. Ronald Woods, consejero legal de Benton en Houston, declinó comentar sobre el caso.

Pero en un informe del 16 de marzo en el portal electrónico de Steptoe & Johnson se dijo que Benton ya introdujo una respuesta sobre las acusaciones ante la corte, y que la firma "ha estado cooperando con las autoridades norteamericanas''.

El Nuevo Herald no pudo obtener comentarios sobre el caso por parte de Pdvsa, luego de varias llamadas a su departamento de prensa en Caracas. La oficina de Pdvsa en Nueva York declinó emitir comentarios.

La firma Helmerich & Payne, por su parte, aceptó asumir una multa de $1.38 millones por realizar pagos indebidos a funcionarios de aduanas en Venezuela y Argentina, para evadir el pago de impuestos por la importación de bienes a esos países.

"Los pagos fueron hechos con el fin de importar y exportar bienes que no estaban dentro de las regulaciones, para importar bienes que no podían ser importados legalmente, y para evadir altos impuestos sobre esos bienes'', indicó e informe final del Departamento de Justicia sobre el caso emitido en julio del 2009.

Además de la multa, Helmerich & Payne se comprometió a establecer medidas más rigurosas para evitar estas irregularidades, indicó el informe federal.

El Nuevo Herald hizo varias llamadas y envió correos electrónicos a la oficina central de Helmerich & Payne en Oklahoma, pero no hubo respuesta. Tampoco fueron respondidas llamadas a la sede central del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), en Caracas.

Una tercera firma, Team Industrial Services (TIS), de Texas, culminó recientemente una amplia investigación sobre potenciales violaciones a la FCPA en Venezuela y otros países, por orden del Departamento de Justicia. La investigación se desarrolló a partir de informes sobre pagos de sobornos en Trinidad.

Butch Buchard, vocero de TIS, dijo a El Nuevo Herald que iniciaron la investigación independiente a mediados del 2009 para conocer si se estaban realizando pagos indebidos para obtener o prolongar contratos.

"Contratamos una investigación independiente para asegurarnos de que no se estuvieran cometiendo violaciones a las leyes en cuanto al pago de sobornos en Venezuela y otros países'', indicó Buchard.

El informe, presentado el mes pasado a la directiva de TIS, será consignado en breve ante el Departamento de Justicia y la SEC, para establecer si es necesaria una indagación federal más exhaustiva, indicó Buchard.

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Tal cual digital

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