Lectura de las elecciones del 26-S

A ocho días de las elecciones parlamentarias, la lectura de los mismos es como sigue: Primero: La sociedad civil, integrada por la oposición, resultó ser la ganadora de la contienda, demostrando que efectivamente los que adversan a Chávez son mayoría en Venezuela. Segundo: Con la artimaña de la reforma de la Ley de Procesos Electorales propuestas por el CNE y aprobada incondicionalmente en la Asamblea Legislativa, se estableció una nueva categoría -a todas luces inconstitucional- de votos: Los del oficialismo que valen más y los de la oposición que valen menos. Como consecuencia de tal obsceno ventajismo, la oposición, o mejor, la sociedad civil que quiere democracia y pluralismo, dejaron de sacar entre 20 a 25 diputados adicionales.

Es lógico que nadie puede comprender esto, porque de lo que se trata es que el régimen es incapaz de enfrentarse en igualdad de condiciones a sus adversarios. Tercero: El resultado de las elecciones le quita al régimen la mayoría calificada de 2/3 partes de los escaños para poder promulgar leyes orgánicas; o darle al autócrata una Ley Habilitante y quitar o poner a funcionarios de alto rango (Fiscalía, TSJ, Contraloría y Defensoría del Pueblo). Pero también le quita a la sociedad civil demócrata el poder de anular o dejar sin efecto jurídico tantísimas leyes y decretos aprobados por orden directa del autócrata, por no tener ésta la mayoría calificada de 2/3 partes para lograrlo.

Cuarto: Esta nueva proporción de parlamentarios en la Asamblea, va a hacer que el caudillo se “quite definitivamente” la careta de demócrata que tiene puesta. Dicho de manera diferente, se comportará como un verdadero tirano, sin recato ni disimulo alguno, radicalizando el proceso.

En estos tres meses que faltan para la integración de la nueva Asamblea, Chávez ordenará la aprobación de todas las leyes revolucionarias comunistas que aún faltan, tales como la Ley del Estado Comunal, la Ley de Propiedad Social, una probable constituyente, o lo que es más grave aún, solicitar una Ley Habilitante hasta el 2012 y nombrar a los nuevos magistrados del TSJ por 12 años, aun cuando sus períodos vencen dentro de dos años.

La sociedad civil está amarrada de pies y manos, pues no cuenta con las 2/3 partes de votos requeridos para derogar tantos exabruptos inconstitucionales de traición a la patria, abuso de poder y peculado de uso. Por lo señalado, vendrán tiempos muy duros el año entrante.


Kaled Yorde /Abogado /kaledyorde@hotmail.com