El dictador y el Poder Judicial

El Diccionario de la Real Academia Española define la palabra dictador así: "Persona que se arroga todos los poderes políticos extraordinarios y los ejerce sin limitación jurídica". Pues bien, el PSUV va a tener que enjuiciar a la DRAE por difamación, porque aquí, el único poder que se ejerce es el del Ejecutivo (Presidente), sin que existan limitaciones del Judicial, que se ha transformado en un vulgar instrumento del proyecto político del innombrable, quien desde Cuba dirige al país por firma electrónica.

Todo lo que huela a competencia política con posibilidades de triunfo es intervenido ilegalmente por los tribunales. Primero fue el exiliado Rosales, luego, el inhabilitado Leopoldo López; seguido de Álvarez Paz. A María Corina ya le tienen su causa, con Pablo Pérez no saben por dónde, y ni hablar de los gobernadores y alcaldes de la democracia.

Pero la depravación total ocurrió con el precandidato Henrique Capriles Radonski. Un comunista insignificante había pedido demanda por estafa contra este carismático gobernador del estado Miranda, que por supuesto fue aceptada de inmediato por el TSJ para sacarlo del juego político. De repente, el PSUV resolvió que el costo político de esta decisión era altísimo y expulsó al tonto útil que hizo la demanda. Lo peor fue que la Sala Plena del TSJ declaró la nulidad absoluta de la decisión dictada por ellos mismos sin dar ninguna explicación salvo la sumisión incondicional. Fue la misma que vitoreó en plena TV "uh ah, Chávez no se va."

A los presos políticos enfermos nadie les paraba hasta que la enfermedad del dictador hizo que este "exhortara" excarcelarlos, y así fue. Ya desde 2008, el magistrado Carrasquero abogaba para que los tribunales sentenciaran de acuerdo con sus inclinaciones políticas. ¡Qué barbaridad! Pedirle a un juez que se guíe por la política es requerirle que se niegue a sí mismo. Que oiga quien tiene oídos...




Ernesto García Mac Gregor / Médico