Gobierno forajido

Frente a la sentencia de la CIDH sobre el caso de Leopoldo López, como era de esperarse de un Gobierno forajido que reiteradamente viola los derechos humanos y la CRBV, ya el oficialismo está puliendo los absurdos argumentos que esgrimirán para no acatarla. Esto es típico de las dictaduras y en realidad no sorprende a nadie.


Ya se están asomando algunos argumentos que demuestran cuánto cinismo, hipocresía e ignorancia hay entre los opinadores del oficialismo en materia de derecho. Usted, amable lector, que a lo mejor no es abogado, haga, por favor, un juicio de valor sobre el contenido del artículo 23 de la Constitución nacional bolivariana de 1999: “Artículo 23: Los tratados, pactos y convenciones relativos a los derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”.


El gobierno chavista ratificó el Pacto de la CIDH, y en consecuencia, está obligado a acatar la sentencia que habilitó a López, sin dilación alguna ni argumentaciones y falacias de ninguna especie.


¿Cómo puede violar la sentencia la soberanía de Venezuela, si el Gobierno mismo suscribió y ratificó el Pacto con la CIDH? ¿Acaso no mandaron abogados y defensores muy bien pagados y con alegatos y pruebas haciéndose parte en el juicio para debatir los argumentos del chavismo, defendiendo lo indefendible?


Ahora que la Corte dictó sentencia en contra del Gobierno, resulta que la decisión vale menos que “un corte de cabello” del tirano. Bastó que Chávez dijese eso para que enseguida los loros y las focas suyas comenzaran una competencia entre ellos para ver quién hala mejor y más seguido. ¡Qué pena dan, señores!


¿Dónde está su dignidad? ¿Cómo queda el estado de derecho y su respetabilidad personal como diputados, cuando lo que dicen son disparates, demostrando su crasa ignorancia?


La sentencia de la CIDH tiene rango constitucional, señores diputados del oficialismo, tal como lo señala la Constitución nacional, y es vinculante por haber Venezuela suscrito y ratificado tratados y pactos internacionales, y el del CIDH es uno de ellos. Decir lo contrario o no acatar el fallo ratifica que este Gobierno es paria, con su conciencia vergonzosamente hipotecada a Fidel Castro y Hugo Chávez.




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