Revolución “echa garra” a casas de la clase media

"Se metieron en tu casa y era demasiado tarde". Así advirtió Primero Justicia hace dos años sobre las acciones que el Gobierno nacional pretendía hacer a bienes privados. La realidad ya tocó la puerta de las familias que adquirieron una vivienda en los seis complejos expropiados y ocho con medida de ocupación temporal. La "rabo de cochino", firma que estampó el Presidente Hugo Chávez en los decretos de adquisición, quedó plasmada y se convirtió en la llave para entrar en las edificaciones.
 
Rafael Ramírez, coordinador de la tolda aurinegra, recordó el mensaje al referirse a las últimas actuaciones presidenciales. Con la frase "se metieron en tu patio. El Gobierno ya se metió en tu casa", señaló que existe una inconsistencia en la política habitacional que tiende a mostrar la "ineficiencia" gubernamental. "Hay que tener claro que no es el sector privado el que tiene las moras de las viviendas, la mora es del Gobierno nacional".
 
El sector inmobiliario alertó del efecto en el mercado de la construcción, la reducción de las iniciativas y de oferta de empleo. Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria, indicó que la actuación debe enfocarse en atender las necesidades de bienes que tiene la población y buscar la integración. Instó a los afectados a mantener la calma.
 
La Constitucional nacional señala que el Estado deberá garantizar un techo digno a las familias venezolanas. Para Ramírez, el principio se tergiversó y apuntó a las expropiaciones de viviendas, entre otras actuaciones "inconstitucionales" que buscan tapar la incapacidad de 10 años de gestión del Gobierno del presidente Hugo Chávez. "No ha sido capaz de desarrollar ningún complejo en lo que va de su mandato. Un caso es Altos del Sol Amada (Maracaibo). Hay una fase que no ha sido entregada. ¿Y a quién reclama el propietario? Porque ahí no está el Indepabis exigiendo al Mopvi para que las termine".
 
El Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) sí ha estado presente, pero en las ocupaciones ejecutadas en Miranda, Carabobo y Yaracuy, donde los efectivos militares acatan la orden presidencial de "exprópiese". Aura Rosa Hernández, presidenta del organismo, aseguró que "el Estado no está tomando apartamentos de manera arbitraria, más bien está beneficiando a las familias de clase media que han sido burladas en sus expectativas de vivienda". Precisó que harán valer la "ley, defenderemos el derecho a la vivienda de todos los venezolanos por igual".
 
El plan de respuesta de vivienda del Gobierno parece tener algo oculto, que asomó el contralor Clodosbaldo Russián en 2008. La Contraloría General de la República, en su informe presentado ante la Asamblea Naciona (AN), alertó que "en materia de vivienda no ha logrado la concreción de una gestión unificada en la planificación, coordinada en la ejecución, eficaz en los resultados y controlada en las adjudicaciones a los beneficiarios. El Plan Nacional de Vivienda no es el reflejo de un proceso estructurado y global de planificación".
 
El dirigente de Primero Justicia señaló que el Gobierno avanza en lograr "controlar" los sistemas de producción, con miras "a que la población sea dependiente". Explicó que ofrecieron viviendas socialistas, y al no poder cumplir las metas, expropian las empresas productoras de insumos para la construcción. "Le hace falta cemento, expropia cementeras. Necesita cabillas, toma las empresas de cabillas". Auguró un resultado "grave" porque habrá que "pedir al Estado" lo que se necesite.
 
Ramírez dijo que empresarios, trabajadores y familias están en el "limbo" con la actuación presidencial, porque mientras se anuncia la defensa de los derechos de los ciudadanos, se expropia sin consultárseles y sin darles información sobre el futuro de sus propiedades y beneficios. "Comenzó a meterse con las individualidades de esas personas".
 
"Juntos por tu Casa"
 
En 2006 la caída de los registros de construcción de inmuebles mereció un llamado de atención presidencial al Ministerio de Infraestructura. Se concretó lanzar los planes Barrio Nuevo y Juntos por tu Casa, bajo la tutela de Diosdado Cabello, a cargo del despacho. Pero la ejecución llegó para la Sustitución de Ranchos por Viviendas (Suvi).
 
El informe mensual del Programa Venezolano de Educación y Acción de Derechos Humanos (Provea) en 2009 reveló que en materia habitacional se planificó hacer viviendas en 335 municipios del país, unas 107 mil tres se levantarían. "Sin embargo, tras la salida de Francisco Sesto del despacho (gestión heredera de Cabello) y la posterior unificación de Infraestructura en nuevo Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, se redefinieron las metas del año".
 
Al ministerio le destinaron dos mil 466 millones de bolívares fuertes según la Ley de Presupuesto de 2009. Un 2,4 por ciento con respecto a las demás carteras ministeriales. Se aprobaron, además, créditos adicionales por 800 millones de bolívares fuertes; ese monto sería recibido por transferencia para el desarrollo de mil 800 viviendas en Lara y se reportaron asignaciones de dos millones de bolívares más para el despacho. PDVSA, que asomaba una chequera soportada por los ingresos petroleros, invirtió en cuatro años mil 324 millones de dólares.
 
La corriente de recursos ya era observada en 2008. La Contraloría aseguró, en su auditoría al sector público de vivienda, que era "reiterada la inobservancia de los procesos licitatorios o de los concursos de precios, en algunos casos bajo el amparo de la declaratoria de emergencia por autoridades (gobernadores) sin competencia para hacerlo".
 
Puntualizó que esa "situación no sólo comporta ilegalidad y conducta sancionable de los responsables, sino que se incumplen obligaciones inherentes a esos procesos, como la contratación según la idoneidad, capacidad técnica, financiera y comprobada experiencia de los contratistas; la obtención de precios de mercado justos y razonables. Es deficiente y precaria la vigilancia e inspección de los procesos de ejecución de las obras, lo que explica su frecuente paralización, el incumplimiento de los plazos de entrega, la terminación incompleta y de calidad defectuosa".
 
Resolución inmediata
 
Mediante la providencia administrativa 398 de fecha 1 de noviembre, el Indepabis, sostiene los considerando para ocupar las propiedades habitacionales en construcción del país, bajo medida de expropiación y ocupación temporal.
 
Se crea una junta administrativa, conformada por el Indepabis y el Ministerio de Vivienda y Hábitat para la prestación del servicio.
 
Metas
 
El Gobierno estimó construir 20 mil viviendas de las 35 mil que estaban en ejecución en 2009.
 
Un plan adiciona 11 mil unidades que serían desarrolladas entre seis y ocho meses.

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