Locademia de Derecho

Locademia de Derecho

Tengo formación de Ingeniero Civil pero también me he acercado a las Ciencias Sociales. En concreto, he estudiado la Ciencia Política, por lo tanto tengo cercanía con ambos mundos: las ciencias exactas y las humanas. Y al ver la riqueza de las últimas, la multiplicidad de enfoques que puede tener un determinado tema, la inabarcable cantidad de tratadistas que existe en cualquier disciplina de las ciencias sociales, siempre me deja perplejo el hecho de que sea más fácil, en Venezuela, estudiar Derecho o Antropología que Matemáticas o Ingeniería Química.

Para la Ingeniería Civil de todos los días, la más usada, basta la Física de los tiempos de Newton. Sólo para ciertos problemas esta es insuficiente. Es decir, los adelantos en las Ciencias Naturales no son incorporados inmediatamente a la Ingeniería al uso, sino después de mucha decantación y en algunos campos específicos como la Nanotecnología, las Comunicaciones y la investigación de nuevos materiales. Pero, en síntesis, para ser un gran ingeniero, en las ramas de mayor impacto laboral, no hace falta estar al día en lo último que descubre o incorporan la Ciencia y la Tecnología.

Todo lo anterior viene a cuento para justificar el siguiente aserto: estudiar Derecho, Ciencia Política o Sociología debería tener más dificultad que estudiar Ingeniería en cualquiera de sus ramas. Pero no es así. A pesar de que un problema jurídico puede ser abordado de muchas maneras y uno de Matemáticas de cuatro o cinco formas, en Venezuela estudiar Derecho es lo que se llama vulgarmente una papaya.

Quien no puede con la Ingeniería, porque no ve luz con el Cálculo Diferencial y la Descriptiva, de repente es un estudiante aplicado y de veinte puntos en Derecho. ¿Por qué? Porque ese estudiante tuvo una transformación neurológica milagrosa al cambiar de carrera? ¿Porque de improviso su entendimiento se iluminó? No, la razón, me parece, es otra.

Las Facultades de Derecho viven un largo proceso de decadencia en nuestro país. Han aparecido innumerables escuelas de Derecho que fabrican abogados sin la menor sindéresis y lo hacen con el mayor descaro comercial las privadas y el más rastrero populismo las públicas. Allí está la Universidad Bolivariana graduando técnicos en derecho de forma relancina. Y algunas universidades privadas son famosas por graduar a barraganas sin que estas hayan pisado las aulas.

En nuestras Facultades de Derecho a lo mejor influyó de manera negativa la alta proporción de militancia política de sus profesores y que muchos de ellos fueran parlamentarios o funcionarios públicos y/o partidistas. Ese hecho hacia probable (habría sus excepciones) que se crearan vínculos no muy transparentes entre profesores y alumnos, que muchas veces degeneraron en mera complicidad. Era más importante -para muchos profesores- la afiliación partidista de un estudiante que su rendimiento académico. Igual sucedía para con los profesores: eran ascendidos en razón de los méritos partidistas y no por sus publicaciones o aportes a la docencia. (En nuestro país, esto no ha sido privativo de las Facultades de Ciencias Jurídicas).

De todo ese cuadro, surgió el Poder Judicial chavista que hoy vemos actuar en sus días postreros. Lo sucedido con la aberrante decisión del llamado Tribunal Supremo, obviando lo que expresamente fija la Constitución Nacional en lo referente al término e inicio del período constitucional es digno de una de las películas de aquella serie que tuvo mucho éxito hace unos años: Locademia de Policía.

Bajo el reinado de Hugo Chávez se nombraron los peores funcionarios judiciales de toda nuestra historia. Son hasta peores que los jefes civiles analfabetas de Gómez, pues entonces, a principios del siglo XX, este era un país donde leer y escribir no era muy frecuente entre sus habitantes.

Como prueba de lo dicho en el párrafo anterior están: Luis a Estela Morales (dos veces botada del Poder Judicial por irregularidades en el desempeño de sus funciones, una de ellas durante el llamado “proceso”), Luis Velásquez Alvaray (a quien conocimos en Mérida como ágrafo director de periódico y profesor de Sociología del Derecho, pero no como abogado litigante ni como jurista pues nunca ejerció el Derecho ni jamás se dedicó a su estudio) y el non plus ultra de la delincuencia judicial, el coronel Aponte Aponte, confeso prevaricador, hoy protegido del FBI en Estados Unidos, después de cantar las excelencias del sistema judicial más corrupto del continente.

No podía esperarse, entonces, otra cosa que el sainete de pésima calaña que hoy presenciamos los venezolanos. La actriz principal ha sido la “suegrísima” (¿Cuánto dinero se habrá embolsillado esta señora sólo por el hecho de ser la suegra de Rafael Ramírez y abogada consentida de Pdvsa), Hildegard Rondón de Sansó. Esta señora fue la que inventó la extraña teoría que dice que Chávez fue “reelecto” y no “electo”, por lo tanto puede no tomar posesión del cargo, nuevamente, como lo manda la Constitución de 1999.

Cuántas penas y millones de bolívares nos hubiéramos ahorrado los venezolanos si los profesores de las Locademias de Derecho venezolanas hubieran raspado (aplazado) a esos aspirantes a abogados, tal y como (todavía, a pesar de que la decadencia no es exclusiva de las facultades de ciencias sociales: por ejemplo, está el caso de Diógenes Andrade, el popular “Fantasma”, graduado después de 27 años ininterrumpidos de estudio, como ingeniero mecánico y hoy flamante diputado a la Asamblea Nacional por el PSUV), tal y como ocurre con muchos de los aspirantes a ser ingenieros, en las escuelas de Ingeniería venezolanas. 









Román José Sandia
rjsandia@hotmail.com




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