¡Qué molleja 'e trancazo!

"¡A amarrarse los pantalones!". La frase, utilizada por el presidente Hugo Chávez en el marco de la firma del decreto de emergencia eléctrica, no pudo describir mejor los sacrificios que tendrán que hacer los venezolanos para ajustarse al estricto programa para disminuir el consumo de energía.

El lunes el Gobierno informó que en el país se implementaría un programa de racionamientos que obligaría a "los altos consumidores residenciales" que demanden más de 500 kilovatios/hora de energía, reducir el consumo en "un mínimo de 10 por ciento", de lo contrario tendrían recargos que variarían entre 75 y 200 por ciento.
Ayer se rumoreó que el plan de ahorro que ideó el Ejecutivo sólo se ejecutaría en determinadas regiones, luego de que la periodista Mary Pili Hernández comentó a través del Twitter que "las medidas que exigen la reducción del consumo de altos consumidores residenciales (+de 500 kw) aplican sólo en Caracas", adjudicando la información a fuentes de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).
Desestimando los rumores, fuentes de la empresa local Energía Eléctrica de Venezuela (Enelvén) comentaron a La Verdad que Corpoelec informó ayer en la mañana a todas su filiales que el programa para bajar el consumo se ejecutará en todo el país, entrando en vigencia a partir del lunes de la semana próxima.
"La decisión nos impresionó muchísimo porque la mayoría de los usuarios consumen más de 500 kilovatios. El aumento va a ser prácticamente para todo el mundo. Con una nevera, cuatro bombillos y un televisor se consumen 500 kilovatios. En el caso de Enelvén sólo 12 por ciento de los usuarios consume 500 kilovatios y 88 por ciento consume más de mil kilovatios", dijo un trabajador de la compañía estatal.
Miguel Lara, ex director de la Oficina de Planificación de Sistemas Interconectados (Opsis), aseguró que el plan de ahorro ideado por el Ejecutivo es "casi imposible de cumplir", sobre todo en estados como Zulia, donde la mayoría de los hogares demandan "mucho más" de 500 kilovatios de energía por hora.
Tras la aplicación del plan de racionamiento, los zulianos tendrán que preparar sus bolsillos para asumir el aumento de hasta 200 por ciento de la factura del servicio, puesto que en la región una familia promedio de clase media consume hasta dos mil 500 megavatios/hora de energía, debido al factor clima.
"Aquí las altas temperaturas hacen imprescindible el uso del aire acondicionado, que es uno de los aparatos que más consumen energía eléctrica. Un solo aire acondicionado trabajando unas 12 horas puede alcanzar el nivel de consumo del que habló el Gobierno en medio del anuncio del decreto de emergencia eléctrica".
El ingeniero explicó que si se implementa la medida en el estado Zulia, los usuarios tendrán que reducir al máximo el uso de electrodomésticos como aires acondicionados, planchas, cocinas eléctricas y secadores de cabello, así como sustituir equipos de baja eficiencia por ahorradores. "Aunque aun así es imposible bajar el consumo a menos de 500 kilovatios por hora".
Lara consideró que para tratar de ajustarse al plan de ahorro que planteó el Gobierno, las familias tendrán que cambiar por completo sus hábitos y "renunciar a ciertas comodidades", sacrificios que consideró "injustos" debido a que "la sociedad no es la responsable" de la situación que enfrenta el sistema eléctrico.
"El Gobierno mismo permitió la fabricación e importación de aparatos eléctricos de poca eficiencia y no promovió políticas de ahorro de energía, por lo que ahora no puede achacarle los problemas a los ciudadanos. Fueron las autoridades las que no tomaron el control de la situación en el momento oportuno".
El ingeniero comentó: "Si hay algún despilfarrador y derrochador de energía es el Gobierno, eso se evidenció sobre todo con las plantas que construyó en Venezuela, que son las plantas más ineficientes que se pueden conseguir a nivel mundial. El Gobierno no le puede exigir a los venezolanos que ahorren cuando instaló las plantas que consumen mayor cantidad de combustibles. Eso si fue un derroche. Entonces, ¿cómo un derrochador nos puede pedir que nos sacrifiquemos?".
Lara consideró que pese a lo estricto del plan de ahorro, el Gobierno no logrará bajar el consumo por vía de la imposición. "Los racionamientos no se logran con decretos, los racionamientos se logran educando. Con la propaganda del muñequito de Corpoelec no se logra nada, esa sólo es una vía para decir que el fenómeno El Niño es el problema, cuando sabemos que ese no es el problema".
Pese a la preocupación por el eventual recargo de las facturas del servicio eléctrico, Elías Jaua, vicepresidente de la República, afirmó que las medidas "no son para alarmarse", debido a que se trata de acciones "preventivas" que buscan impedir que se produzca una "verdadera emergencia".

A pocas horas de que se anunciara el estado de emergencia eléctrica, Jaua aseguró que el Ejecutivo tiene los recursos, los equipos técnicos y la cooperación internacional para lograr que se agilicen los procedimientos para la implementación del ahorro energético y la construcción de las obras necesarias que garanticen que no se desencadene una situación más grave.


¿Crisis inducida?
En la Gaceta Oficial número 39.363 que circuló ayer se publicó el decreto 7.228 de la Presidencia de la República, mediante el cual se declaró el estado de emergencia sobre la prestación del servicio eléctrico nacional, sus instalaciones y bienes asociados por un lapso de 60 días prorrogables.
La resolución autorizó al Gobierno a diseñar y ejecutar planes necesarios y urgentes para que los entes privados y los públicos paguen las deudas que mantienen con las empresas eléctricas del Estado. Además, se instruyó a Corpoelec a acelerar las obras para la prestación del servicio eléctrico, así como a adoptar todas las medidas económicas que se requieran.
El ex director de Opsis comentó que el decreto no sólo demuestra que los problemas energéticos que enfrenta el país no son transitorios, sino que le permite al Ejecutivo disponer de más dinero, hacer adjudicaciones inmediatas y obviar los procesos licitatorios para la ejecución de proyectos de generación.
Inversiones
El gobierno del presidente Hugo Chávez aseguró que la crisis energética es producto de la "sequía extrema" que enfrenta Venezuela como consecuencia del fenómeno climatológico El Niño, que provocó la disminución de los niveles de agua en el embalse Guri, el cual proporciona el 70 por ciento de la energía que consume el país.
Lara comentó que 2010 no es un año de "sequía extrema" sino de hidrología baja, pero aun así el sistema eléctrico está al borde del colapso dada la dependencia de una sola fuente de generación, lo que demuestra el enorme déficit que tenía el Ejecutivo en la instalación de energía termoeléctrica.
El ex director de la Oficina de Planificación de Sistemas Interconectados (Opsis) explicó que basándose en la generación disponible en el país, que según cifras oficiales son 16 mil megavatios, se deberían incorporar al sistema eléctrico por lo menos siete mil megavatios de energía térmica para aliviar las presiones.
Comentó que cada planta de mil megavatios tiene un costo de 800 millones de dólares, por lo que se requiere una inversión de por lo menos ocho mil millones de dólares en el área de generación, mientras que para adecuar la transmisión se requieren otros cuatro mil millones de dólares para un total de 12 mil millones de dólares que solventen las dificultades.
"El problema es que lamentablemente en el sistema eléctrico las obras no se hacen de la noche a la mañana, no es como comprar una pila. Un proceso normal que incluye licitaciones, especificaciones, procuras, instalaciones y arranque de operaciones puede demorar hasta dos años si se hace eficientemente".
El ingeniero advirtió que ante la complejidad de la ejecución de plantas de generación, los usuarios del servicio eléctrico podrían estar expuestos a racionamientos por los próximos dos años, existiendo la posibilidad de que los tiempos de los cortes programados sean mucho más largos.
Crisis eléctrica daña la popularidad de Chávez
La crisis eléctrica que enfrenta Venezuela, que alcanzó una situación crítica y llegó al grado de "emergencia", atenta contra la popularidad del presidente Hugo Chávez, quien optó por la aplicación de estrictos planes para bajar el consumo y pidió el apoyo de diversos países para que aporten soluciones al problema.
Luis Vicente León, director de la encuestadora Datanálisis, aseguró que los problemas energéticos que enfrenta el país desde mediados del año pasado se intensificaron hasta el punto de afectar la vida cotidiana de los ciudadanos, lo que constituye "un conector con la popularidad del Presidente".
"No podemos decir que eso significa que Chávez se va a destruir este año, ni que eso lo hará ir al piso o que tiene que perder la Asamblea Nacional", en las elecciones pautadas para el próximo mes de septiembre, y en las que el mandatario espera volver a obtener una "mayoría aplastante".
De acuerdo con una reseña del portal El Universal, el analista comentó: "Él (presidente) tendrá que analizarlo para compensar esos costos y como no puede compensarlo resolviendo el problema eléctrico, porque se resuelve en años (...), tendrá que usar algunas tácticas alternativas y ahí seguramente veremos mucho gasto público y veremos a un Chávez tratando de desviar la atención".
El economista consideró que la crisis energética no sólo atenta contra la calidad de vida de los venezolanos, sino que afecta el desarrollo de las actividades económicas. Explicó que los racionamientos que aplicó el Gobierno implican restricciones sobre el sector productivo, lo que provocará la caída del Producto Interno Bruto (PIB).
"Nos ubicamos en un plano que podría ir del estancamiento hacia la recesión económica a lo largo de este año", señaló el director de Datanálisis, quien estimó además que la actividad económica podría oscilar "entre cero y menos dos por ciento, si no es dramático es negativo si se compara con otros años electorales".
Evalúan incorporar decretos de racionamiento en la ley del Servicio Eléctrico
El proyecto de reforma a la ley Orgánica de Servicio Eléctrico tiene como objetivos fundamentales "hacer más eficiente el uso de la energía eléctrica" e incluir los decretos vigentes -de racionamiento y generación de electricidad- en la nueva norma, para que sean considerados un deber legal y que "el Estado pueda sancionar a quienes los incumplan".
En declaraciones a ABN, el diputado Hugo Márquez, presidente de la Subcomisión de Energía Eléctrica de la Asamblea Nacional, consideró que el marco legal vigente "está totalmente desactualizado", ya que fue aprobado en el año 2001 y dejó abierta la posibilidad de que el sistema eléctrico nacional pudiera ser privatizado.

Cortesía del Diario La Verdad