Crisis carcelaria

Es común escuchar frases como: "son presos, que paguen por sus culpas", o "¿Por qué defienden a los presos, quién defiende a las víctimas?".

Ambas expresiones son de fácil respuesta cuando se comprende que todo plan de seguridad ciudadana serio, que pretenda de modo efectivo resolver el mayor problema que atravesamos los venezolanos, debe comenzar con la prevención del delito, pasando por la represión y culminando en el sistema carcelario.

Ello obedece al hecho que cuando el Estado es ineficaz en evitar que el delito se cometa, tiene la obligación de sancionar a los delincuentes. Para ello echa mano del sistema de administración de justicia penal, vale decir, tribunales y Ministerio Público. Posteriormente, una vez impuesta la sanción, el delincuente pasa al sistema carcelario o penitenciario a los fines de cumplir su condena y paralelamente convertirse en un ciudadano productivo para la comunidad a través de una adecuada política de reinserción social.

Ahora bien, la realidad venezolana es absolutamente desalentadora. Es obvio que este Gobierno no ha sido eficiente en la prevención del delito y mucho más allá, cuando evaluamos lo relativo a fiscalía y tribunales; encontramos que la primera mantiene 92% de impunidad, vale decir, sólo 8 de cada 100 delitos que se comenten, son finalmente sancionados, y la segunda institución se ha declarado "leal al socialismo bolivariano", con los cual nos enfrentamos a una justicia completamente ineficiente y absolutamente partidizada.

Llegamos así al sistema carcelario, donde encontramos a esos 8 de cada 100 delincuentes que finalmente llegan a nuestras cárceles. La situación encontrada allí se resume en una sola palabra: catástrofe.
Para atacar y resolver este último eslabón de la seguridad ciudadana, se designó en julio de 2011 a la para entonces Diputada del PSUV Iris Varela, quien sin ser penalista, criminólogo o penitenciarista, en absoluta violación a la Constitución, fue nombrada Ministro de Participación Popular para Los Asuntos Penitenciarios. Un nombre rimbombante sin duda, pero tan grande como ineficiente.

La Ministro Varela recibió 34 cárceles con capacidad para albergar 12.500 reclusos, y una población penitenciaria de más de 45mil reos. Le fueron otorgados para resolver el problema importantes facultades, como el decreto de emergencia penitenciaria con la finalidad de agilizar la construcción de nuevos penales, recursos económicos suficientes, plena autonomía y un complemento en la Misión a Toda Vida Venezuela, que ordenaba la construcción de 8 nuevas cárceles.

Hoy, más de año y medio después, el saldo a presentar por la Ministro Varela es el siguiente: 31 cárceles con capacidad para albergar a 11.200 reos, si, menos cárceles, amigo lector, no ajuste sus lente o frote sus ojos, tenemos menos cárceles y menos capacidad de albergue. Fueron cerradas luego de sendas y lamentables tragedias La Planta, Coro y Uribana. La población reclusa de mantiene en más de 45mil, lo cual incrementa el índice de hacinamiento.

El manejo de armas de fuego, incluso de guerra dentro de los recintos penitenciarios se incrementa día a día, según lo ha reconocido la propia Varela cuando hace el conteo de las amas incautadas en cada penal luego de las requisas. Desde dentro de estos lugares se comenten delitos que afectan no sólo a la población penitenciaria, sino que alcanza incluso las fronteras externas de las cárceles. Adicionalmente, el traslado desorganizado de los reos a lugares del país diferentes a donde se encuentran los expedientes que llevan sus causas únicamente produce retardo procesal.  

Por lo demás, hasta la fecha no ha ejecutado ningún plan adecuado para convertir en ciudadanos productivos a quienes delinquen, con lo cual se consolida un círculo vicioso interminable donde quien comete un delito menor, va a la cárcel y sale de allí a cometer delitos más atroces. Esto, aunque seguramente tiene algunas excepciones es casi una constante y la única conclusión posible, es que el Estado no cumple con su función de resguardar la vida y los bienes de sus nacionales.

Sin embargo, cuando ocurren terribles tragedias como la pasada en Uribana, los venezolanos de bien esperamos una respuesta contundente por parte del Gobierno, aspiramos que se le dé la cara a los familiares de los reclusos, así como a las miles de víctimas de la violencia que deja como saldo el "socialismo del siglo XXI", sin embargo, en lugar de ello lo que escuchamos de la Sra. Ministro es que "la cosa fue culpa del Diablo que de repente se metió en el penal" y los responsables son "Globovisión, El Impulso, varios medios de comunicación social" y "una dirigente de nombre Delsa Solórzano".

¡Qué vergüenza Sra. Varela! Es común ver a los funcionarios de este régimen eludir su responsabilidad, pero lo suyo es realmente el colmo. Renuncie a cargo ya que ha demostrada suficientemente su incapacidad para ejercerlo, asuma su responsabilidad por los más de 800 reos asesinados dentro de las cárceles a lo largo de su desafortunada gestión. Responda también a los ciudadanos que han sido víctimas de secuestro o cualquier otro delito perpetrado desde dentro de las cárceles que usted dirige. ¡Renuncie!.
Si la Sra. Varela continúa a cargo de esa cartera ministerial, ya los responsables de todo este desastre penitenciario serán quienes allí la mantienen.

Delsa Solórzano.
Diputada al Parlatino.

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