Artículo 350 Y 333 de nuestra Constitución

El papá de un buen amigo fue un ilustre jurista. Un día, hace pocos años, mi amigo llegó a su casa y lo encontró fuera de sí. Había hecho una pila con sus libros de Derecho y estaba dispuesto a quemarlos. “Cálmate, papá", le pidió él. "¡No me calmo!", respondió airado. "No puedo calmarme. Ya yo no sé si esta 'm' es un país, o si este país es una 'm'…". La historia no se me sale de la cabeza. Más después de la negativa "humanitaria" del vicepresidente Maduro sobre la libertad de Iván Simonovis: "La ley tiene que caer con todo su peso sobre esos criminales"… "La impunidad deja la puerta abierta a la traición". Recordé las palabras del abogado de las víctimas, Amado Molina, cuando conoció la sentencia: "Nos embarga una profunda tristeza que ciudadanos a los cuales el Estado venezolano les haya dado armas hayan disparado contra su propio pueblo, por participar en un plan que atentaba contra el h

Es común escuchar frases como: "son presos, que paguen por sus culpas", o "¿Por qué defienden a los presos, quién defiende a las víctimas?". Ambas expresiones son de fácil respuesta cuando se comprende que todo plan de seguridad ciudadana serio, que pretenda de modo efectivo resolver el mayor problema que atravesamos los venezolanos, debe comenzar con la prevención del delito, pasando por la represión y culminando en el sistema carcelario. Ello obedece al hecho que cuando el Estado es ineficaz en evitar que el delito se cometa, tiene la obligación de sancionar a los delincuentes. Para ello echa mano del sistema de administración de justicia penal, vale decir, tribunales y Ministerio Público. Posteriormente, una vez impuesta la sanción, el delincuente pasa al sistema carcelario o penitenciario a los fines de cumplir su condena y paralelamente convertirse en un ciudadano productivo para la comunidad a través de una adecuada política de reinserción s