La Historia podría repetirse

La Historia podría repetirse
Por: Danilo Acosta
Ahora dicen que no habrá adelanto de las elecciones, sin embargo queremos que se sepa que las intenciones del Gobierno de adelantar las elecciones o posponerlas de manera indefinida, son contrarias a lo que dicta la Constitución Nacional al respecto. Nadie que esté en el poder tiene derecho a colocar los comicios de acuerdo con su conveniencia y tratar de entorpecer las acciones que puedan dar un vuelco a la administración que en determinado momento esté mandando desde Miraflores, a menos que sea de manera legal y en concordancia con lo que debe ser una contienda electoral.
Nuestra Constitución indica que los periodos para celebrar elecciones en el país tienen un ciclo y que el mismo se debe cumplir. Hacer lo contrario equivale a una flagrante violación de nuestra Carta Magna y quienes propicien tal hecho deben ser juzgados y, en consecuencia, aceptar las penas que la ley impone en estos casos.
Traemos a colación lo anterior porque a finales del año 1957, se produjo un hecho como el que está tratando de llevar a cabo el Gobierno nacional, es decir, adelantar las elecciones para evitar que la oposición se organice y presente buenas opciones que sean del agrado del electorado o, en su defecto, posponer las votaciones de manera indefinida con el baladí argumento que no hay dinero para llevar a cabo el proceso o porque las situación del país no es la mejor para llevar a cabo la tarea.
Para que se sepa, y recordemos la historia, la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez se vino abajo gracias a la buena interpretación que hicieron los venezolanos en noviembre del 57, cuando el Gobierno se negó a convocar a elecciones para escoger un nuevo presidente a través del voto directo y secreto. Tal situación estaba prevista en la propia Constitución que el régimen dictatorial había aprobado con anterioridad en 1953.
Claro, estamos hablando de unos comicios para escoger un nuevo mandatario, pero si en Venezuela existiera libertad de acción para instituciones como la Asamblea Nacional, la escogencia de los nuevos diputados pautada para finales del año entrante, estarían casi a la par de importancia que un proceso para designar un nuevo Jefe de Estado.
En vista de la situación, recordemos las elecciones de 1952 cuando los venezolanos les dieron un NO rotundo a los candidatos de gobierno del dictador, Pérez Jiménez y sus secuaces se negaron a realizar los comicios y sólo se les ocurrió la brillante idea de convocar aun plebiscito en el cual, de acuerdo a como estaba formulado, sólo se podía votar por la opción de mantener al dictador en el poder.
El resultado es de todos conocido. El plebiscito resultó un escandaloso fraude que desbordó el vaso de la paciencia de los venezolanos. Es así como por primera vez todos los sectores de la vida nacional se unieron de manera decidida para acabar con la oprobiosa dictadura.
Sin embargo, pocos se han dado cuenta de la verdadera intención del régimen. Actualmente el país está quebrado, todo lo que consumimos, llámese alimentos, productos de aseo personal y hasta los servicios públicos, dependen de las importaciones que el Gobierno hace de manera alegre, sin control, mientras el aparato productivo nacional está inactivo en un alto porcentaje; los bancos trabajan con base en los ahorros de los depositantes mientras se les obliga a otorgar créditos que en su mayoría irán a parar a manos de los más connotados personajes de la revolución.
El miedo de perder la mayoría en la Asamblea Nacional estriba en la posibilidad de que los manejos económicos del Gobierno lleven al país a una quiebra fiscal que afecte a todos los sectores de la economía, obligados por las circunstancias de ser acreedores de un Gobierno que no podrá hacer frente a los compromisos.
Eso es, en realidad, lo que está por pasar en Venezuela y ahora salen conque las elecciones se realizarán el segundo semestre de 2010, pero teniendo en cuenta lo ladino del régimen, tengamos cuidado porque esa segunda mitad del año puede ser el 1 de julio.


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